Desahucios

La crisis económica en España: el desahucio

Desahucio es la denominación que recibe el aviso de terminación de ciertos contratos de locación y de trabajo.

En España, el término desahucio se utiliza cuando se procede a privar a alguien de la posesión de un inmueble mediante una resolución judicial por un incumplimiento del contrato de arrendamiento, es decir, por impago de cuotas hipotecarias o alquiler o cualquier otro incumplimiento contractual.

El acto que consiste en desalojar físicamente a los ocupantes de la vivienda o local, se llama lanzamiento: el propietario junto con una representación del Juzgado y un cerrajero proceden a entrar en el inmueble para volver a tomar la posesión.

Este fenómeno se incrementó durante la crisis económica española de 2008-2013, derivada en buena medida de la burbuja y posterior crisis inmobiliaria: el número de lanzamiento o desahucio de viviendas por ejecución forzosa de españoles o residentes implementó, los afectados han sido desalojados o echados en la mayoría de casos junto a su familia de la casa que habitaban y que habían comprado mediante hipoteca o alquilado.

De hecho, en noviembre de 2009 entró en vigor una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, llamada Desahucio Express. La nueva ley se creó con el objetivo de crear mecanismos más rápidos y efectivos en caso de morosidad o impago del alquiler del inmueble.

No existen datos puntuales sobre el número de desahucios en España pero según la PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca-, el número de desahucios llegaría a los 171.110 desde el comienzo de la crisis en julio de 2008 hasta ahora; Solo en el primer trimestre de 2012 se produjeron de media 517 desahucios al día.

Unas de las consecuencias más dramáticas de este fenómeno ha sido el aumento del número de los suicidios aunque la relación no siempre sea clara. De hecho, desde el año 2008 el suicidio llegó a ser la primera causa de muerte violenta en España por delante de los accidentes de tràfico.

Ese drama ha sido un detonante que junto a la fuerza de las protestas de diferentes asociaciones ciudadanas en defensa de los desahuciados, como la PAH, STOP Desahucios y el Movimiento 15M ha llevado al tribunal de Justicia europea a señalar la ilegalidad de la ley española; a partir de eso por la primera vez se provocó la reacción del Gobierno Rajoy y del PSOE, que por fin se pusieron de acuerdo en noviembre de 2012 para trabajar en un pacto sobre los desahucios.

La Ley Hipotecaria española vigente, aunque con modificaciones, es un Decreto del 8 de febrero de 1946 y por lo tanto la Iniciativa legislativa Popular (ILP), presentada entre otros por la PAH y sobre todo por la mujer Ada Colau, portavoz de ese movimiento, propuso la regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios, la ampliación al alquiler social y el derecho a la vivienda.

 Al final el 14 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la ley española sobre el desahucio no protegía de manera suficiente los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas y por tanto esta ley vulneraba la normativa comunitaria.

A partir de esta sentencia parte de las demandas de la PAH incluidas en la ILP han sido confirmadas y los desahucios podrán ser paralizados en cumplimento de la normativa comunitaria.

En mayo de 2013 el Banco Central Europeo indicó que la ejecución hipotecaria deberá considerarse como “último recurso”.